Las postrimerías de un año en el que faltó hasta la autocrítica
Se va el 2020, un año signado no solamente por la catástrofe generada por ese enemigo invisible al que la ciencia llamó COVID-19, sino también por las decisiones tomadas por el Gobierno en torno al manejo de la pandemia que le costó la vida a más de 43.000 personas en la Argentina, en la cual encontró la excusa perfecta para obrar a mansalva en detrimento de la comunidad y justificarse sobre cualquier tipo de mecanismo implementado, colocando en jaque a los límites de la institucionalidad y la gobernabilidad.
Como si quisiera evocarse con Cayo Julio César, el dictador del antiguo imperio romano más famoso, quien durante la época de la República se lo nombro como dictator para superar momentos extremadamente difíciles como lo eran afrontar las guerras y el control interno para continuar con el fomento del expansionismo, el Presidente aplicó una serie de medidas que supuestamente iban a resguardar los intereses de todos nuestros compatriotas en unos de los momentos más complicados de la historia que atraviesa la Nación. Y Alberto Fernández tan solo necesitó un año para transformarse del "redentor de las garras del macrismo" en el villano más temido.
Por Decreto, el Presidente suspendió la fórmula de movilidad previsional vigente hasta hace unos días, lo que ocasionó una pérdida irrefutable de la capacidad adquisitiva de los jubilados, le quitó $ 65.000 millones de pesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que le correspondían por coparticipación federal por el traspaso de la Policía Federal a su jurisdicción, e intentó avanzar con la expropiación de Vicentín, algo que Fernández reconoció posteriormente como un error.
Asimismo, por el uso constante de esa misma herramienta moldeó una cuarentena que si bien fue precisa y necesaria en sus albores, provocó una conducta disruptiva en la sociedad al estirarse improductivamente. Se evaporaron miles de puestos de trabajo, varias empresas decidieron emigrar definitivamente del país, y muchísimas PyMEs no lograron resistir el vendaval por no conseguir el acceso a la percepción de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), o al Programa de Recuperación Productiva (Repro). Tanto las ATP como los Ingresos Familiares de Emergencia (IFE) no fueron contemplados dentro del Presupuesto 2021, por lo que dejarán de otorgarse.
Otras de las "hazañas" con las que el Gobierno pretende reivindicarse es con la presentación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso, algo que el líder populista se había comprometido a cumplir de acuerdo con su plataforma electoral y que se convirtió en Ley el pasado martes. El Jefe de Estado y sus aláteres se vanagloriaron con la legalización del aborto seguro y gratuito, cuando es sabido que este debate está marcado por la transversalidad, y que para su aprobación se necesitó de la colaboración de los legisladores que no forman parte de su entramado político. Apenas se reconoció el resultado favorable de la votación en el recinto de la Cámara Alta del Parlamento, Alberto Fernández no perdió el tiempo y publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter para celebrar la victoria de la iniciativa apoyada por los "pañuelos verdes", pero no le dedicó una palabra al saqueo que se les realizó a los adultos mayores propiciado por el asentimiento de todo el ala kirchnerista de la Cámara de Diputados tan solo unas horas antes.
A esto le sumamos la incomprensible negociación que mantuvo con otros estados y con las farmacéuticas foráneas para la obtención de las vacunas. El 29 de diciembre el Presidente lanzó en simultáneo con todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires la Campaña de Vacunación. Se distribuyeron 300.000 dosis de la Sputnik V -destinadas para el personal de la salud-, la única con la que cuenta en país al día de la fecha y que no ha sido aprobada por los organismos internacionales como la FDA y la EMA, además de no contar aún el aval oficial de la A.N.M.A.T. En enero estarían llegando el resto de las dosis que hacen falta para inocular a la población que ya recibió la primera dosis. El 6 de noviembre, el mandatario había anunciado que para diciembre habrían 10.000.000 de dosis en la Argentina para iniciar el ciclo vacunatorio masivo, pero esa cifra jamás llegó. Y el vuelo de Aerolíneas Argentinas que trajo los compuestos rusos costó mucho más que lo previsto. Las explicaciones del caso brillan por su ausencia.
Por otra parte, el Presidente, en otro aspecto que revista una gravedad institucional alarmante, acompaña inefablemente la postura adoptada por su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, de arremeter contra el Poder Judicial. La Vicepresidenta lo acusó de "extorsionar al actual Gobierno", de monopolizar y entrometerse el control de las decisiones tomadas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo (facultad atribuida por la Constitución Nacional, excepto por las cuestiones no judiciables) y criticó duramente a la Corte Suprema al señalar que "no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa". El Frente de Todos organizó a mediados del último mes de año una marcha en el centro porteño para pedir por la libertad de los presos políticos en Navidad, entre los cuales se mencionaron a D´Elía, Boudou, Esteche, el "Pata" Medina, Milagro Sala, entre otros. Lo llamativo es que cada uno de ellos se encuentra sentenciado por infringir la ley, y no por su concepción ideológica. En el caso de Amado Boudou, por ejemplo, su condena de cinco años y diez meses de prisión por la causa Ciccone está firme desde principios de este mes, cuando fue ratificada por el máximo tribunal argentino. Y recientemente el juez federal subrogante del Tribunal Federal Oral Nro. 4, el Dr. Daniel Horacio Obligado, determinó que el ex Vicepresidente debe volver a la cárcel.
Lo raro es que CFK no habló de "lawfare" cuando un flamante fallo del Juez Federal subrogante Ezequiel Pérez Nami hizo lugar al dictamen del fiscal Gabriel De Vedia, de inconstrastable afinidad con el Frente de Todos, para que la Presidenta del Senado cobre las pensiones por haber sido mandataria y por ser la viuda de un ex Presidente. El monto por ambos beneficios asciende a casi dos millones de pesos mensuales, sin pagar impuesto a las Ganancias y, por si esto fuera poco, autorizó al pago retroactivo de estos haberes, que alcanzarían los $ 100.000.000 de la moneda local.
Se va el 2020, un año plagado por los desaciertos de la clase dirigente al frente del poder que, con sus imposiciones impopulares y volubles, no hizo más que agudizar la grieta y que, para colmo, ahora la sufre también dentro de su seno interno producto de las afirmaciones hechas por Cristina Kirchner a través de la publicación de sus cartas, recrudecidas con el incendiario discurso que brindó la madre de Máximo en el Estadio Único de La Plata el pasado viernes 18 de diciembre. En algo tiene razón: "hay funcionarios que no funcionan". Lo que no sabemos es su cantidad.
Asociación Democrática y Defensora de la Justicia.
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