Un comienzo de año signado por el agite, el estupor y la constante imprevisión
El comienzo de este 2021 trajo consigo noticias poco alentadoras. Si bien el Gobierno indicó que en este mes de enero la Argentina recibirá la gran mayoría de la cantidad de las vacunas Sputnik V adquiridas a la Federación Rusa y que se acordó la compra de un millón de vacunas Sinopharm que provee el régimen chino de Xi Jinping, la campaña de vacunación no está avanzando a un ritmo pretendido y, para colmo, los casos positivos de COVID-19 se incrementaron exponencialmente en casi todo el territorio nacional, principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Conurbano Bonaerense.
En los primeros nueve días del año se consiguió inocular a más de 100.000 ciudadanos a lo largo y a lo ancho de todo el país. A mediados de la semana entrante, un avión de Aerolíneas Argentinas estará viajando rumbo al Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremetyevo para traer el cargamento de las fórmulas rusas para continuar con la inmunización en las Provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, en marzo comenzará a fabricarse en el país la vacuna de la compañía farmacéutica AstraZeneca, y las negociaciones para obtener los compuestos elaborados por Pfizer se mantienen vigentes luego de dejar atrás las fallidos intentos y las explicaciones poco convincentes sobre aquellas "condiciones inaceptables" a las que se refirió en ese entonces Ginés González García, el Ministro de Salud.
Sin embargo, el aumento de casos de coronavirus registrado recientemente generó preocupación en el Gobierno. Ante esta situación alarmante, el Presidente Alberto Fernández se comunicó con los Gobernadores y con el Jefe de Gobierno Porteño para analizar qué medidas se pudieran implementar para contener el avance del virus, especialmente en la Capital Federal y sus aledaños. La gran mayoría de los mandatarios provinciales se negó a aplicar el "toque de queda nocturno", ya que una nueva restricción de circulación volvería a ocasionar graves perjuicios en las economías locales y regionales y una acción de estas características contribuiría a la merma de la actividad turística de esta temporada estival. El turismo es uno de los rubros que más sufrió con el establecimiento de la cuarentena obligatoria, siendo sus consecuencias para el sector sumamente adversas y calamitosas.
A pesar de que el Jefe de Estado intente dar una imagen de seriedad y de una gestión impoluta frente a esta cuestión y acuse directamente a los jóvenes por el rebrote de casos positivos, fue desde el propio Gobierno que se instigó a realizar grandes movilizaciones a fines del año pasado. Basta con recordar la masiva convocatoria que lanzó para el velatorio de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada, la marcha para pedir por la liberación de los supuestos presos políticos y la congregación de una innumerable cantidad de gente que se ubicó frente al Congreso en la jornada del martes 29 de diciembre en la que se sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Miles de personas se reunieron en masa sin respetar el distanciamiento social y el uso de tapabocas. Sin dudas, estos acontecimientos colaboraron directamente para que el problema de la contención del COVID-19 se agrave con el inicio de este año.
Pero las controversias en las que está
sumergido el Presidente por estos tiempos no se limitan tan solo a la
consideración primordial de tratar de ponerle fin a esta pandemia que causó la
muerte de cerca de 45.000 habitantes y más de 1.700.000 contagiados. Hubo
acciones que pasaron desapercibidas pero que no dejan de ser temas importantes
que no deben mirarse de reojo.
Los cambios que se suscitaron en el Banco Central de la República Argentina confirmaron la ruptura de la convergencia entre Alberto Fernández y Roberto Lavagna. Con el arribo de Diego Bastourre -mano derecha de Martín Guzmán que ocupaba el cargo de Secretario de Finanzas de la cartera de Hacienda- para tomar el lugar en el directorio del BCRA que era de Carlos Hourbeigt, colocado en ese puesto por el lavagnismo, decantaron en la conclusión del romance entre ambas facciones políticas. El detonante de esta modificación clave fue que el ex Ministro de Economía de Néstor Kirchner dio a conocer una carta muy dura sobre las maniobras que llevó adelante el gobierno populista en su primer año de mandato, y esto no le cayó bien a Fernández, que días atrás había afirmado que le gustaría tener al líder de Consenso Federal en el Gobierno pero que no quiere regresar a la función pública.
El primer día del 2021 se dio un suceso que conmocionó a la opinión pública. Juan Ignacio Buzali, el esposo de la diputada bonaerense Carolina Píparo, embistió a dos motociclistas con su automóvil Fiat 500L en la Ciudad de La Plata. Buzali creyó que eran los mismos delincuentes que le habían robado a su mujer en la madrugada del 1 de enero, y huyeron del lugar sin brindarle asistencia a los jóvenes que había atropellado. Por esta circunstancia, el viernes 8 de enero el cónyuge de Píparo fue detenido e indagado por la Fiscal a cargo de la UFI Nro. 17, la Dra. María Eugenia Di Lorenzo. La cáratula del expediente es de homicidio en grado de tentativa.
Por otra parte y, ante los deleznables episodios originados el pasado miércoles 6 de enero que tuvieron como protagonistas a los fervorosos simpatizantes del Partido Republicano y fieles seguidores de Donald Trump que invadieron el Capitolio para interrumpir la sesión en la que se estaba ejecutando el conteo de los votos del Colegio Electoral que proclamarían ganador a Joe Biden, el Presidente electo de los Estados Unidos, la máxima autoridad del Poder Ejecutivo instó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que respalde la designación del candidato demócrata, que asumirá el cargo el miércoles 20 de enero, y que repudie los actos de violencia que se dieron durante esa jornada. No obstante, el Gobierno Nacional continúa con una política exterior incongruente con respecto a la dictadura que flagela a la República Bolivariana de Venezuela. Por un lado, el mandatario argentino, que recibió durísimas críticas por parte de Diosdado Cabello, el segundo al mando en el régimen venezolano, avaló el informe Bachelet en el cual se confirman las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el despotismo que comanda Nicolás Maduro, pero a su vez no reconoció el fraude de las elecciones que llevaron a los chavistas a controlar prácticamente en su totalidad la Asamblea Nacional de ese país.
Otro de los hechos más deplorables con el que arrancamos el veinte-veintiuno fue la denuncia presentada por el abogado Fernando Zarabozo en contra de Victoria Analía Donda Pérez. A instancias de la demanda en el que se la acusa a Donda de tratar de otorgarle un puesto en la entidad que dirige a Arminda Banda Oxa, la empleada doméstica boliviana de 63 años que trabajaba en el domicilio particular de la funcionaria que a su vez le reclama no haberla tenida registrada durante todo el período en el que se extendió el vínculo laboral, la titular del Instituto contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia fue imputada por los delitos de malversación de caudales públicos y defraudación a la Administración Pública en grado de tentativa. La ex diputada nacional justificó su obrar al señalar que el nepotismo es "moneda corriente" en la administración pública y que "Hace algunos meses, esa persona me manifestó su interés en renunciar a la relación que manteníamos, por razones personales. Fue ante dicha situación que le recomendé la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que realizara alguna contraprestación en su barrio". La causa recayó en el juez Sebastián Casanello, subrogante del Juzgado Federal Nro. 12, quien a su vez se la delegó al fiscal Guillermo Marijuán, quien se encuentra de licencia por contraer COVID-19. Su lugar es ocupado momentáneamente por el Dr. Eduardo Taiano hasta que finalice el aislamiento de Marijuán. La interventora del INADI puso su renuncia a disposición del Presidente, pero éste no la aceptó. El organismo ubicado en Avenida de Mayo y Sáenz Peña acumuló muchas críticas en 2020 por su completa ausencia ante casos sumamente sensibles como los fueron, entre otros, los de Abigail Jiménez en Santiago del Estero, los ciudadanos formoseños varados que no pudieron ingresar a su Provincia por decisión de Gildo Insfrán, y por los comentarios antisemitas y discriminatorios que salieron a la luz de los jugadores del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas.
En las últimas horas también se conoció
que el diputado nacional Waldo Wolff fue acusado de un hecho similar. "Yo
trabajé como empleada doméstica y en negro para Waldo Wolff. La señora de Waldo
Wolff me mintió durante tres meses que yo estuve en blanco y jamás estuve en
blanco. Yo trabajaba desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde.
Nunca me hicieron los aportes, yo averigüé en ANSeS y me dijeron que nunca
estuve en blanco. Ahora no trabajo más porque tuve un accidente de trabajo y
ellos no se hicieron cargo del accidente, me llamaron para decirme que vaya y
haga la carta de renuncia", puntualizó Diana Beatriz Junco, la
empleada doméstica de la residencia del ex Vicepresidente de la DAIA en el
programa "Mañana Sylvestre" de Radio 10. El legislador de la Cámara Baja se defendió por medio de las
redes sociales, subiendo a su cuenta oficial de Twitter la Constancia de Alta
del Trabajador -Simplificación Registral- de AFIP e indicó que esto se trata de
una "opereta del Gobierno para tapar lo de Victoria Donda".
Asociación Democrática y Defensora de la Justicia.
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