A siete años de la muerte del fiscal Alberto Nisman
Pasaron siete años de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Al igual que en la causa AMIA, la resolución de este caso está marcado por la impunidad. Foto: https://www.lanacion.com.ar.
El 18 de enero de 2015 todo el país se estremeció por un acontecimiento que hasta el día de hoy sigue siendo un enigma sin resolver. Natalio Alberto Nisman, el máximo responsable de la UFI AMIA que llevaba la investigación de la causa por el terrible atentado terrorista perpetrado el lunes 18 de julio de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, fue encontrado muerto en el baño de su domicilio, rodeado por un charco de sangre producto de un disparo con arma de fuego en la sien.
El cadáver del fiscal fue descubierto por su madre, Sara Garfunkel, junto con los custodios encargados de su seguridad cerca de las once de la noche de ese caluroso domingo en el baño del departamento "2" del Piso 13 situado en una de las torres de Le Parc, en el barrio de Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cuerpo estaba tendido boca arriba sobre una enorme cantidad de sangre que emanó de un orificio en el parietal derecho provocado por un proyectil eyectado de una pistola Bersa Thunder calibre .22 facilitada por Diego Ángel Lagomarsino el día anterior según la declaración indagatoria del experto en informática. Desde entonces, las hipótesis que se barajan en torno a su violenta muerte, que aún sigue envuelta en un halo de misterio, son tres: suicidio, suicidio inducido y homicidio.
El juez Manuel de Campos y la Dra. Viviana Fein fueron los primeros en intervenir en la causa. Los funcionarios judiciales se aparecieron en la residencia de Nisman el lunes por la madrugada. Allí también estuvo presente Sergio Berni, el Secretario de Seguridad por aquel entonces, quien puso en conocimiento inmediatamente a Cristina Fernández de Kirchner de todo lo que estaba ocurriendo en torno al deceso del fiscal. La escena del crimen estuvo signada por el surrealismo y por una serie de irregularidades que pudieron haber echado a perder para siempre la recolección de una indeterminada cantidad de pruebas que podrían haber sido trascendentales, aunque ello, lamentablemente, nunca se sabrá.
Desde que la investigación pasó al fuero federal de Comodoro Py en septiembre de 2016, un informe efectuado por la Gendarmería Nacional al año siguiente señaló que la causal del deceso se trató por un homicidio en el que al menos hay dos personas involucradas como autores materiales. La Justicia tomó esta última hipótesis para que la investigación siga su curso, razón por la cual hasta la fecha continúan procesados Diego Lagomarsino como presunto partícipe necesario al ser éste quien le facilitara el arma homicida al fiscal el sábado previo al que fuera hallado sin vida, y los cuatro custodios por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. De acuerdo a lo esgrimido por el propio Lagomarsino y que consta en la causa, el licenciado en informática accedió a prestarle la pistola a Nisman por pedido de su jefe para su protección y la de sus hijas Iara y Kala, fruto de la relación con Sandra Arroyo Salgado, Jueza Federal de San Isidro, a pesar de que las niñas estaban con su madre en Europa en ese momento. A su vez, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 10 en el que recayó el expediente, a cargo del Dr. Julián Ercolini, argumentó que el fallecimiento del letrado de cincuenta y un años de edad está directamente relacionada con el desempeño de las funciones, lo que es considerado un magnicidio.
Un día antes de concurrir a la Cámara de Diputados de la Nación para formular su descargo ante la Comisión de Legislación Penal sobre la denuncia presentada el 14 de enero de 2015 por medio de la cual acusaba a la Presidenta en ejercicio en ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner, en la que también acusaba a otros funcionarios del gobierno kirchnerista por la firma del Memorandum de Entendimiento con la República Islámica de Irán en enero de 2013, acuerdo en el que, según lo que alegaba Nisman, que recibía la colaboración de Antonio Horacio "Jaime" Stiuso, el espía que estaba a cargo de la Dirección de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE -hoy AFI-) para llevar adelante la investigación, se establecía un presunto encubrimiento en favor de los ocho iraníes imputados por el sangriento y salvaje atentado a la AMIA en 1994 -uno de ellos, Mohsen Rezai, sobre quien pesa una notificación roja de Interpol, viajó a Nicaragua en calidad de Vicepresidente de Asuntos Económicos de su país para asistir a la reasunción como primer mandatario del dictador Daniel Ortega, y que más allá de que existe un pedido de captura internacional por tratarse de uno de los responsables intelectuales sobre el atentado a la mutual judía, se paseó libremente por Managua y por La Habana, Cuba, sin que el Gobierno Argentino hiciera nada para que se efectúe su detención-, un crimen de lesa humanidad que acabó con la vida de ochenta y cinco víctimas fatales, dejó centenares de heridos e incalculables daños materiales. Por el pacto rubricado por el ex Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Héctor Timerman -que murió en 2018- y por su par iraní, Alí Akbar Salehi, que se transformó en ley y posteriormente fue declarado inconstitucional, la Vicepresidenta de la Nación fue procesada al igual que varios de sus funcionarios y otros personajes controversiales como son los dirigentes sociales/piqueteros Luis D´Elía y Fernando Esteche y el intermediador argentino-iraní Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil, entre otros, aunque el Tribunal Oral Federal Nro. 8 compuesto por los jueces María Gabriela López Iníguez, José Antonio Michilini y Daniel Obligado dictó el sobreseimiento de CFK y del resto de los imputados de la causa en un fallo unánime en el que se consideró que la firma del espurio tratado bilateral con el Estado fundamentalista de Medio Oriente no constituía la existencia de un delito. La DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) apeló esta polémica decisión unos días más tarde ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los magistrados Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone.
El Presidente Alberto Fernández, quien participó de la marcha que tuvo lugar a un mes de la muerte del fiscal bajo una lluvia torrencial que cayó sobre la Ciudad de Buenos Aires, dilucidó una postura con un sesgo completamente opuesto al que creía en un principio y a la que también había expresado en el documental de Netflix "El fiscal, la Presidenta y el espía" de 2020 dirigido por el británico Justin Webster para que no continúen fomentándose las rispideces que existen entre los sectores que responden al Jefe de Estado y los que son muy cercanos a CFK, en lo que se entiende como un evidente gesto de sumisión ante su compañera de fórmula, quien se siente víctima del "lawfare" y entabla una encarnizada batalla contra las altas esferas del aparato judicial. Este dilema que se circunscribe en torno al fallecimiento de Nisman provocó una inusitada polarización en el seno de la política y dividió a la sociedad, pero la verdad es que, a siete años de haberse producido este trágico hecho, el caso está bastante lejos de esclarecerse.
(*) Asociación Democrática y Defensora de la Justicia.
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