No son presos políticos, son políticos que deberían estar presos
Este lunes por la tarde las calles del centro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires fueron invadidas por una marea de gente que marchó
por "Una Navidad Sin Presos Políticos", leyenda que se visualizaba de a montones en los muros porteños durante los tiempos de oscurantismo, cuando
la dictadura militar desató su furia implacable contra la
"subversión", causando la desaparición y la muerte de miles de
personas.
Curiosamente, quien aparece al frente del afiche con
el cual se lanzó esta cruzada absurda es Cristina Fernández de Kirchner. La
Vicepresidenta de la Nación jamás estuvo tras las rejas, y las siete órdenes de
detención, todas ellas labradas por el fallecido juez Claudio Bonadio, no
prosperaron debido a que CFK siempre contó con fueros en los últimos años que
evitó que fuera sometida a la prisión preventiva. Sin embargo, y a modo de
continuar con su postura beligerante a través de sus constantes diatribas
contra el corporativismo judicial, se transformó en la abanderada y patrona de
toda protección de los súbditos que le reditúan pleitesía y que necesitan de su
amparo para regresar a los primeros planos de la esfera política.
Roberto Baratta, Amado Boudou, Luis D´Elía, Julio De Vido,
Fernando Esteche, Ricardo Jaime, Cristian "Puly" Medina, Juan Pablo
"Pata" Medina, Milagro Sala, Juan Pablo Schiavi y Omar
"Caballo" Suárez son los supuestos
"patriotas" que se ven encolumnados detrás de la efigie de Cristina
todopoderosa. Cada uno de estos "pseudo-próceres" fueron sometidos al
debido proceso penal y juzgados por las comisiones de delitos tipificados en el
Código Penal Argentino. Por ello, los dichos de la compañera de fórmula de Alberto
Fernández, que avala la conducta vanidosa e impetuosa de su segunda al mando,
revisten una fatídica carga de gravedad institucional al acusar al Poder
Judicial de prevaricato, cuando todas las medidas procesales implementadas por
los magistrados que llevan adelante las causas se ajustan a pleno derecho.
El caso de Amado Boudou es el más significativo para
echar por tierra el relato que quieren imponer desde las facciones más leales
al kirchnerismo duro. La condena que recae sobre el otrora Vicepresidente de
cinco años y diez meses de prisión por ser hallado culpable de la ejecución de
los delitos de cohecho pasivo (recibir coimas) y negociaciones incompatibles
con la función pública adquirió firmeza desde el pasado 4 de diciembre cuando
la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por su defensa
apelando a la sana discreción que le garantiza el "demoníaco"
artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que el ex
titular del Banco Nación debería regresar a la cárcel a cumplir el resto de su
sentencia, salvo que el Tribunal Oral Federal Nro. 4 le siga otorgando el
beneficio de la prisión domiciliaria. Si ahondamos en las causas de los demás
implicados también encontraremos hechos delictivos que han sido probados
fehacientemente que condujeron a sus respectivos encarcelamientos, aunque
algunos posteriormente fueron excarcelados y recuperaron la libertad.
La Presidenta de la Cámara Alta debería replantearse cuál es el foco al que debe apuntar sus dardos envenenados. El enojo inusitado de la ex Presidenta debería no ser dirigido hacia el Poder Judicial que tomó intervención para investigar y juzgar a quienes hayan delinquido en el ejercicio de sus funciones en la Administración Pública, sino que su tono encolerizado tendría que reposar sobre sus esbirros que obraron de una manera espuria, deshonesta y turbia durante su mandato. Ellos son los facinerosos, pero el problema para CFK es de la Justicia, que sostiene caprichosamente esta idea disparatada porque no está a gusto con que este poder independiente goce de perpetuidad y potestad de controlar determinadas acciones llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, atribuciones que le concede la Constitución Nacional, sino también porque, además de lo que se buscó transmitir con la movilización de este primer día hábil de la semana, sufrió un fuerte revés en Comodoro Py a instancias de la Cámara Federal de Casación Penal, que no dio lugar al pedido de inconstitucionalidad de la "Ley de los Arrepentidos" Nro. 27.304, promulgada en 2016, por lo que el pleito seguría su curso para desembocar en el juicio oral. El fallo contó con dos votos a favor, el de los Dres. Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, y uno en contra, el de la Dra. Ana María Figueroa, miembro de Justicia Legítima y ultra kirchenista.
Para el día de hoy estaba programada la audiencia preliminar del juicio por la firma del Memorandum de Entendimiento con la República Islámica de Irán, otro asunto que le trae demasiados dolores de cabeza a la ex mandataria -la Cámara confirmó su procesamiento, aunque revocó el delito de traición a la patria-, pero fue suspendida por el Tribunal Federal Oral Nro. 8 el viernes pasado al hacer lugar a la solicitud de alguna de las defensas de concretar la postergación de la misma hasta que se resuelva la situación referida a las declaraciones como testigos de Ronald Noble, antecesor de Jürgen Stock en la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y de Joe Sollier, otro ex directivo de esa entidad.
El documento atinente a esclarecer las circunstancias
que ocasionaron el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina
ocurrido el 18 de julio de 1994 fue rubricado por Héctor Timerman, ex Ministro
de Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Culto, y Alí Akbar
Salehi, su par iraní, el 27 de enero de 2013, y ratificado un mes después por
la sanción de la Ley Nro. 26.843, promulgada al día siguiente. La Cámara Federal declaró la inconstitucionalidad de esta norma al considerar que había una clara intromisión de las facultades del Poder Judicial -al que ataca
Cristina-. Alberto Nisman, fiscal de la Unidad Especial AMIA en aquel entonces,
presentó una denuncia en la que argumentaba un acuerdo de impunidad con los
imputados de nacionalidad persa, y que las circulares rojas serían levantadas
una vez que el Memorandum comenzara a generar efectos jurídicos. Cuatro días
más tarde de exponer la demanda, el 19 de enero de 2015, Nisman fue hallado
muerto por un disparo en la cabeza en su departamento de Le Parc, en Puerto Madero, suceso que todavía
sigue investigándose.
Daniel Rafecas, el mismo que ha sido postulado para
ocupar la Procuración General de la Nación, desestimó la denuncia acreditada
por el difunto fiscal, pero luego la causa fue reabierta y recayó en el Juzgado
de Claudio Bonadio -fallecido el último 4 de febrero-, que junto con Cristina
Kichner procesó también al ex Canciller Timerman -murió en 2018-, Carlos
Zannini, ex Secretario de Legal y Técnica, Luis D´Elía, piquetero afín a los K
y líder de la agrupación MILES, Fernando Esteche, ex Jefe de Quebracho, Jorge
"Yussuf" Khalil, intermediador entre funcionarios argentinos y
allegados iraníes, Oscar Parrilli, ex Director de la Agencia Federal de
Inteligencia, ex Secretario General de la Presidencia y actual Senador
Nacional,Angelina Abbona, ex procuradora del Tesoro, Juan Mena, ex Subdirector
de la AFI y actual Viceministro de Justicia, Andrés "Cuervo"
Larroque, ex diputado nacional y actual Ministro de Desarrollo Social de la
Provincia de Buenos Aires, Eduardo Zuain, ex Viceministro de Relaciones
Exteriores, y el agente de inteligencia Edgar Allan Ramón Bogado.
Mientras Cristina Fernández de
Kirchner impulsa la reforma judicial y proclama la guerra a ese poder que no le
rinde cuentas a nadie a través de su singular liturgia de contenido ambiguo y
cínico, inculpándolo "de tener la palabra final sobre las decisiones del
Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, además de no ir jamás va a
elecciones", aduciendo que "Representado por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que
desde allí se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación
mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en
nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio
Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, por
otro lado, se promueve a través de esta marcha que pregona "Una Navidad
sin Presos Políticos" la doctrina del "Lawless", es decir, de la
reivindicación irrestricta de los actos delictivos y una apología indecorosa e inescrupulosa de la utilización del aparato ilegal.
Hasta el propio Alberto Fernández deslizó allá por febrero de este año en una entrevista ofrecida a Radio Continental que "Me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo", en otra evidente señal de una de las tantas discrepancias que mantiene con la gestora de "La Década Ganada" en su agenda política. Y compartimos esta afirmación del Presidente: NO HAY PRESOS POLÍTICOS, LO QUE HAY SON POLÍTICOS QUE DEBERÍAN ESTAR PRESOS.
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