Esperanzas dilatadas y promesas sin cumplir
El último viernes, luego de más de 16 horas de vuelo que se emplearon para su retorno, el vuelo AR 1601 de Aerolíneas Argentinas proveniente del Aeropuerto Internacional Moscú-Sheremétyevo aterrizó en Ezeiza y trajo consigo las 300.000 dosis del segundo componente de la Sputnik V para complementar las primeras aplicaciones de la vacuna rusa que se les realizó al personal de la salud en distintos puntos del territorio de entre dieciocho y cincuenta y nueve años de edad durante la campaña de inoculación nacional iniciada el pasado martes 29 de diciembre, en donde ya recibieron la inyección, al 15 de enero, 200.759 personas según los reportes ofrecidos por el Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias de cada jurisdicción.
A finales del mes de enero, según lo comunicado por el Presidente de la Nación, tendrían que estar llegando al país unas cinco millones de dosis de la fórmula rusa, de las cuales 4.000.000 millones de dosis corresponderán al primer componente, que contiene un adenovirus humano serotipo 5 (Ad5) que presenta la proteína S de SARS-CoV-2, y el resto será de las que contengan el segundo componente, que se compone del adenovirus humano serotipo 26 (Ad26) que comprende la misma proteína S de SARS-CoV-2. Lejos en el tiempo quedaron las falsas expectativas anunciadas por Alberto Fernández allá por el mes de noviembre de 2020 por medio de las cuales señaló que "en diciembre podríamos vacunar a diez millones de personas". Mientras que el Gobierno intenta encontrar rápidamente una salida de su propio laberinto para resolver los vericuetos en donde cayó por sí mismo, en la República Argentina, al día de la fecha, se registraron varios rebrotes de la enfermedad, particularmente en los principales centros turísticos del país que concentran una descomunal cantidad de gente que se fue a pasar algunos días de vacaciones, hay casi confirmados unos 1,8 millones de contagios por COVID-19, y el coronavirus ya se cobró la vida de 45.407 habitantes.
Si bien el foco principal está puesto en la lucha contra la pandemia, las malas noticias no son exclusivamente sanitarias. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer las cifras sobre la inflación en el mes de diciembre, que alcanzó el 4%, siendo este el valor más alto del año que se acaba de ir, para cerrar un total de 36,1% interanual, evidenciando un alza de precios por factores estacionales (carnes, hoteles, pasajes aéreos y de larga distancia restaurantes y prepagas -aunque el Gobierno dio marcha atrás con el incremento del 7% acordado instantes previos a revertir esta medida), y expuso una completa falta de contención en los precios de insumos básicos como lo son, por ejemplo, los alimentos, la indumentaria y los materiales para la construcción.
Para seguir transitando por este derrotero sinuoso, el monto de los combustibles aumentó dos veces en lo que va del año. Hace poco más de diez días atrás, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) había decidido impulsar una suba del 2,9% para trasladar a los valores del surtidor los incrementos en los precios de los biocombustibles, justificándose sobre este accionar debido alincremento del 7,7% del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y el del dióxido de carbono (IDC). Esta cifra es acumulativa con el 3,5% que impacta en los importes de la nafta y el gasoil que estableció la empresa de bandera este sábado por la actualizaciones de los valores de los biocombustibles implementados recientemente por el Gobierno. Como siempre, los más afectados son los consumidores.
A pesar de que todavía rige hasta el 31 de enero inclusive la imposición del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Decreto Nro. 1033/2020), el kirchnerismo duro convocó a una marcha para pedir por la liberación de Milagro Sala, a quien consideran una "presa política", al cumplirse cinco años de su detención. Para esa facción, poco debe importar que la dirigente social jujeña está detenida desde el 2016 por efectuar un acampe frente a la sede del gobierno de Jujuy, y que en la actualidad acarrea una condencia de tres años de prisión en suspenso por conducir un escrache en detrimento de Gerardo Morales, el Gobernador radical de la mencionada Provincia del Norte argentino cuando éste ejercía un cargo como senador. Y por si esto fuera algo anodino, la líder de la Organización Social Tupac Amaru fue sentenciada con una pena que impone trece años de cumplimiento efectivo por ser hallada culpable de los delitos de defraudación al estado, asociación ilícita y extorsión en la causa denominada popularmente como "Pibes Villeros", expediente en el que se llevó adelante una investigación de desvío de fondos del herario público por más de sesenta millones de pesos. En 2018, la Corte Suprema de Justicia (órgano al que permanentemente ataca Cristina Kirchner por el supuesto uso discrecional del "lawfare") determinó que Sala volviera a cumplir prisión domicilaria en conformidad con lo solicitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condición que viene cumpliendo desde entonces. Bajo la consigna "La Corte, basurero de la democracia", los manifestantes arrojaron bolsas repletas de residuos sobre las puertas de los Tribunales y generaron desmanes en el tránsito vehicular en la zona del Obelisco y sus alrededores. El Jefe de Estado, a quien no le hicieron caso de respetar la medida impuesta por él mismo mediante el acto administrativo citado anteriormente (como tampoco lo habían hecho en el velorio de Diego Armando Maradona, en las celebraciones de los hinchas de River y de Boca, en las aglomeraciones vistas fuera del Congreso por el tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y también cuando algunos miembros de la coalición que integra se habían juntado en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reclamar "por una Navidad sin presos políticos") ya avisó que durante el macrismo no hubo "detenciones arbitrarias" y que "si quieren indultar a los procesados, eso es una amnistía y depende del Congreso", desentendiéndose de la cuestión. Con todo esto parece que para varias personas afines con la ideología del gobierno de turno poseen ciertos privilegios que las eximen de acatarse según la normativa vigente. Si el mandatario y su séquito tanto se preocupan tanto por las reuniones sociales, ¿por qué no actúa al respecto para que las normas sean iguales para todos? Y pensar que muchos, incomprensiblemente, todavía cuestionan el regreso a las clases en forma presencial cuando por otro lado asisten a eventos multitudinarios para pedir por una cosa u otra. Insólito.
Mañana se cumplirán seis años de la muerte de Natalio Alberto Nisman. El cuerpo del ex fiscal que investigaba la causa AMIA fue encontrado sin vida el domingo 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento ubicado en las Torres Le Parc de Puerto Madero producto de un disparo en la sien. Cuatro días antes había denunciado a Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta en ejercicio en ese entonces, y otros funcionarios del gobierno kirchnerista junto con algunos dirigentes sociales por la firma del Memorandum de Entendimiento con la República Islámica de Irán en enero de 2013, documento por el cual el difunto titular de la UFI AMIA había esgrimido en el escrito presentado en ese entonces ante el Juzgado Federal Nro. 4 a cargo del Dr. Ariel Lijo cuatro días antes de su muerte, que contemplaba un presunto encubrimiento de los ocho imputados de nacionalidad iraní implicados en el atentado cometido en contra de la mutual judía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 18 de julio de 1994. La Vicepresidenta, al igual que Jorge D´Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil, Andrés "Cuervo" Larroque, Juan Martín Mena, Oscar Parrilli, Héctor Timerman -murió en 2018-, y Carlos Zannini, entre otros personajes, fue procesada por esta causa, que fue elevada a juicio oral por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, lo que le provoca otro dolor de cabeza a la compañera de fórmula de Alberto Fernández por el Frente de Todos. Si bien la Justicia determinó que la investigación del deceso de Nisman sea en base a un homicidio, por el que fueron procesados como partícipes necesarios al ingeniero informático Diego Ángel Lagomarsino, ex empleado de Nisman y quien le facilitara el arma Bersa calibre 22 de la cual partió el proyectil que le ocasionó la defunción, y los cuatro custodios que se encargaban de la seguridad del ex fiscal cuando se conocíó la noticia de su fallecimiento, aún no hay certezas sobre si se trató de un crimen o si el abogado decidió suicidarse. Tarde o temprano esperemos que se conozca la verdad de lo que pasó entre el sábado 17 y el domingo 18 de enero de 2015 en ese departamento del Piso 13 de una de las torres ubicadas en Azucena Villaflor 450 del barrio más opulento de la Capital.
Asociación
Democrática y Defensora de la Justicia.
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